RESUMEN
El documento recoge los principales hechos ocurridos en Colombia durante el año 2007 sobre la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el marco del acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que fue renovado en 2007 hasta octubre de 2010.
El informe subraya que el conflicto armado interno, el narcotráfico y el crimen organizado continúan teniendo un peso significativo sobre la situación de derechos humanos. Al mismo tiempo, el informe destaca la persistencia de problemas estructurales en ciertos órganos del Estado.
Durante el año, la necesidad de garantizar los derechos de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario estuvo en el centro del debate público. El documento enfatiza que es urgente e imperativo dar una respuesta adecuada y oportuna a las demandas de las víctimas.
Algunos de los retos más importantes tienen que ver con la consolidación del proceso de desmovilización del paramilitarismo y el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales, circunstancias que afectan directamente el ejercicio de los derechos humanos. La magnitud de las tareas pendientes en los procesos judiciales en el marco de la Ley N.° 975 de 2005, “Ley de Justicia y Paz”, y la persistencia de obstáculos para su plena aplicación son motivo de incertidumbre y preocupación.
Subsisten retos importantes para garantizar la participación de las víctimas en estos procesos. Paralelamente, las investigaciones impulsadas por la Corte Suprema de Justicia, a pesar de los obstáculos y riesgos que han tenido que enfrentar, produjeron avances importantes en el sentido de exponer la gravedad de la infiltración alcanzada por los paramilitares y sus organizaciones en el Estado y la sociedad.
Durante el año 2007 hubo decisiones políticas y medidas adoptadas en las más altas esferas civiles y militares para contrarrestar la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Fuerza Pública. El grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), y en menor medida el Ejército de Liberación Nacional (ELN), continuaron cometiendo graves infracciones al derecho internacional humanitario.
Aproximadamente el 45% de la población vive en situación de pobreza, incluyendo la mayoría de personas desplazadas, lo que impide la plena vigencia de sus derechos. El informe también recoge información y análisis sobre situaciones de especial preocupación y grupos particularmente vulnerables, entre otros, víctimas del conflicto armado interno, desplazados, indígenas, afro descendientes, mujeres, sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas y niños.
Durante el año 2007 hubo decisiones políticas y medidas adoptadas en las más altas esferas civiles y militares para contrarrestar la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Fuerza Pública. El grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), y en menor medida el Ejército de Liberación Nacional (ELN), continuaron cometiendo graves infracciones al derecho internacional humanitario.
Aproximadamente el 45% de la población vive en situación de pobreza, incluyendo la mayoría de personas desplazadas, lo que impide la plena vigencia de sus derechos. El informe también recoge información y análisis sobre situaciones de especial preocupación y grupos particularmente vulnerables, entre otros, víctimas del conflicto armado interno, desplazados, indígenas, afro descendientes, mujeres, sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas y niños.
Finalmente, el informe presenta un resumen de las actividades de la oficina en Colombia del Alto Comisionado durante 2007 y ocho recomendaciones cuyo cumplimiento ayudaría a producir una notable mejora en la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
CONTEXTO POLÍTICO
Colombia continúa seriamente afectada por un conflicto armado interno que se remonta a más de cuatro décadas. Es también cada vez más evidente que los grupos armados ilegales están involucrados de manera directa o indirecta en actividades de narcotráfico, y que están asociados con redes locales e internacionales de crimen organizado y corrupción.
La relación compleja entre todos estos factores, a la que se agrega la persistencia de problemas estructurales tales como la impunidad y las limitaciones para el acceso a la justicia, la desigualdad y la discriminación, continúan afectando de manera negativa la situación de los derechos humanos. Al mismo tiempo, es necesario reconocer que en los últimos años Colombia ha alcanzado progresos en el restablecimiento de la seguridad a lo largo de su territorio, y que es un logro significativo que los derechos humanos tengan mayor visibilidad en la agenda pública.
Durante el año 2007 los hechos políticos y de orden público con impacto en la situación de los derechos humanos más relevantes fueron: a) los procesos judiciales contra líderes desmovilizados de grupos paramilitares en el marco de la Ley N.º 975 de 2005, conocida como “Ley de Justicia y Paz”; b) las investigaciones judiciales contra servidores públicos de alto nivel por presuntos vínculos con grupos paramilitares; c) la aparición o consolidación de nuevos grupos armados ilegales después del proceso de desmovilización de los paramilitares, algunos con fuertes vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico; d) la realización de elecciones de autoridades regionales y locales.
Durante el año 2007 los hechos políticos y de orden público con impacto en la situación de los derechos humanos más relevantes fueron: a) los procesos judiciales contra líderes desmovilizados de grupos paramilitares en el marco de la Ley N.º 975 de 2005, conocida como “Ley de Justicia y Paz”; b) las investigaciones judiciales contra servidores públicos de alto nivel por presuntos vínculos con grupos paramilitares; c) la aparición o consolidación de nuevos grupos armados ilegales después del proceso de desmovilización de los paramilitares, algunos con fuertes vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico; d) la realización de elecciones de autoridades regionales y locales.
La Fuerza Pública continuó implementando su plan de guerra contra los grupos armados ilegales, y en particular contra las guerrillas a través del “Plan Consolidación”, que reemplazó al “Plan Patriota”. Con frecuencia, la intensidad de las hostilidades tuvo impactos negativos sobre la población civil y se atribuyeron infracciones del derecho internacional humanitario a todos los actores armados.
En algunas regiones continuaron actuando y consolidándose nuevos grupos armados ilegales. Las FARC-EP y el ELN persistieron en trastornar violentamente el orden público y continuaron infringiendo el derecho internacional humanitario. Diferentes organismos, entre ellos la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), han alertado sobre actividades guerrilleras en algunas regiones que fueron zonas de influencia de los grupos paramilitares desmovilizados.
La propia Fuerza Pública reporta un mayor empleo de modalidades de tipo milicia por las guerrillas, aún cuando también señala un repliegue general de estos grupos. Las áreas donde se observaron más directamente estas dinámicas son el sur del departamento de Córdoba, el Urabá chocoano, el oriente antioqueño, norte de Santander, norte del Tolima, Nariño, Putumayo, Guaviare, Vichada y Arauca.
El Gobierno autorizó y auspició, con desigual respaldo, diferentes iniciativas propias y de terceros para adelantar contactos con las FARC-EP, con la intención de buscar acuerdos que permitieran la liberación de rehenes a cambio de guerrilleros presos y que contribuyeran a iniciar diálogos de paz. El asesinato de 11 diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, que las FARC-EP mantenían secuestrados desde 2002, produjo profunda consternación.
Estas muertes provocaron un rechazo unánime de toda la población, y generaron manifestaciones multitudinarias y un movimiento de opinión para exigir la liberación de todas las personas secuestradas. También provocó dolor y estupor la publicación de fotografías y cartas de los rehenes para sus familias, interceptadas a las FARC-EP por las autoridades colombianas a fines de noviembre, las cuales evidenciaron la dramática situación de las personas secuestradas.
Estos hechos volvieron a recordar a la opinión pública nacional e internacional la permanente indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentran todas las personas en poder de los grupos armados ilegales. Algunas de ellas cumplieron ya 10 años de cautiverio.
Las elecciones de autoridades regionales y locales a nivel nacional tuvieron lugar el 28 de octubre de 2007. Se eligieron Gobernadores y Diputados a las Asambleas en los 32 departamentos, y alcaldes y concejales en los 1.094 municipios y cuatro distritos, así como ediles de las Juntas Administradoras Locales. Hubo una amplia postulación de candidatos.
La participación ciudadana y los resultados confirmaron la pluralidad política del país. La movilización de la Fuerza Pública contribuyó a la seguridad en el desarrollo de los comicios. Durante el día de elecciones prevaleció un clima de normalidad, aunque antes y después hubo actos aislados de violencia.
En algunas regiones se registraron amenazas e incluso asesinatos atribuidos principalmente a los grupos guerrilleros (especialmente las FARC-EP); también hubo algunos atribuidos a miembros de nuevos grupos armados ilegales, narcotraficantes y bandas criminales que pusieron en riesgo a numerosos candidatos y limitaron sus actividades políticas. Hubo un total de ocho precandidatos y 23 candidatos asesinados, y cuatro precandidatos y cinco candidatos secuestrados.
Otro aspecto importante del contexto político fue la continuación del diálogo entre el Gobierno, la sociedad civil colombiana y la comunidad internacional, que dio lugar a la realización de la III Conferencia Internacional sobre Colombia en noviembre de 2007 en Bogotá. La declaración final reafirmó la importancia de “continuar los esfuerzos para obtener resultados [en la aplicación de las recomendaciones de la Alta Comisionada] a la mayor brevedad posible”.
Otro aspecto importante del contexto político fue la continuación del diálogo entre el Gobierno, la sociedad civil colombiana y la comunidad internacional, que dio lugar a la realización de la III Conferencia Internacional sobre Colombia en noviembre de 2007 en Bogotá. La declaración final reafirmó la importancia de “continuar los esfuerzos para obtener resultados [en la aplicación de las recomendaciones de la Alta Comisionada] a la mayor brevedad posible”.
La anterior información actualizada sobre Derechos Humanos la consulté en la siguiente página en donde se puede profundizar sobre este tema que nos convoca.:
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cod=11&cat=11
No hay comentarios:
Publicar un comentario