politica en derechos humanos

Es necesario discutir el balance de la política gubernamental en materia de derechos humanos, puesto que si bien se registra el descenso por distintas razones de algunas de las violaciones, prosiguen altos registros, políticas y nuevas medidas que dan continuidad a la crisis humanitaria que mantiene un nivel de gravedad apreciable.

Las notorias correcciones en la actuación directa de la Fuerza Pública, a pesar de la responsabilidad por compromisos directos, o por omisión e ineficacia, ante el paramilitarismo, ahora se empañan con la reaparición de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho humanitario que la comprometen de manera directa. Así, los llamados errores militares tan frecuentes recientemente, por lo regular constituyen crímenes de guerra, sobre los cuales aún no se demuestra la eficaz actuación de la justicia. Además, en tal sentido persiste un alto nivel de impunidad no superado ante la ineficacia de la Fiscalía, de los organismos de justicia y la revelación de alarmantes casos de infiltración de los grupos paramilitares en los mismos organismos de investigación y juzgamiento.

De conjunto aparecen nuevas manifestaciones de la crisis de derechos humanos, con hechos como las comunidades en confinamiento, las detenciones masivas y arbitrarias, la persecución a sectores sociales y vulnerables, la ilegalización de huelgas y la represión a protestas ciudadanas y, quizás lo más grave de todo, las reformas emprendidas y las propuestas, que conllevan a la supresión o el debilitamiento de garantías y derechos constitucionales fundamentales. En efecto, por iniciativa gubernamental se suprimió la reserva judicial previa ante determinadas actuaciones de la fuerza pública, se entregaron funciones judiciales a las Fuerzas Militares y se adelantan proyectos que pretenden, entre otras medidas, la limitación de las funciones de la Corte Constitucional, el recorte significativo del alcance de la tutela, el proyecto de reforma que lesiona la independencia de la justicia y el interés anunciado de limitar, especialmente frente a la actuación militar la labor del ministerio público.

La comunidad internacional, en especial la ONU a través de sus organismos, insiste ante el Estado y el Gobierno colombianos para que se acojan cabalmente las recomendaciones presentadas, en aras de superar la grave crisis existente en materia de derechos humanos y de derecho humanitario. Tal circunstancia conlleva a que los distintos organismos internacionales y el grupo de 24 países que asistieron a la reunión de cooperación internacional realizada en Londres en el 2003, a una actitud crítica ante el Gobierno de Colombia ante el incumplimiento de tales recomendaciones, la cual se profundiza por los ataques abiertos que en distintas ocasiones ha hecho directamente el Presidente de República contra las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos.

Entre tanto, en términos de derechos sociales y colectivos, son a la vez altos los niveles de incumplimiento, los retrocesos y las distintas formas violaciones presentadas. Y con referencia al tema del narcotráfico, dada la presión norteamericana, no se adopta una solución de carácter nacional y social, la cual involucre elementos como la erradicación manual, los planes de ordenamiento territorial y ambiental, la revisión de la política y de los indicadores de la política antidrogas y un nuevo concepto en las relaciones y en los compromisos en términos de correspondencia internacional

Corresponde, por tanto, en política de derechos humanos enarbolar una propuesta constructiva a partir de defender y desarrollar los avances de la Constitución Política de 1991, proponer estrategias de real corrección de las graves crisis en derechos humanos y en derecho humanitario, con apoyo en el cumplimiento decidido de las recomendaciones internacionales. Y ello conlleva a evitar que se continúe con el debilitamiento del sistema de protección interno, a retomar la lucha contra la impunidad, buscar la recuperación cabal de la justicia, atender satisfactoriamente, en relación con la superación del conflicto armado, las demandas de verdad, justicia y reparación, promover en el contexto del proceso de paz amnistías con exclusión legal para los más graves crímenes, rechazar y exigir la actuación de la justicia ante las violaciones cometidas por las partes de las normas humanitaria, priorizar la atención a las víctimas y promover la suscripción de acuerdos humanitarios, entre otras propuestas destacadas.

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