jueves, 8 de mayo de 2008

problematica actual de la población COLOMBIANA

Actual situación de derechos humanos en Colombia

Primera:Colombia es el país con el mayor número de acuerdos internacionales aprobados en materia de derechos humanos. Segunda: esta es una táctica utilizada consistentemente por los sucesivos gobiernos, para desorientar y diluir su responsabilidad como régimen político en las graves violaciones a los derechos humanos, e intentar mostrar una imagen limpia del régimen en el ámbito internacional.
Con relación al tema dice el afamado”catedrático y lingüista norteamericano Noam Chomski, que Colombia tiene el peor expediente en derechos humanos del hemisferio occidenta”. Lo mismo señala la prestigiosa organización conocida como Amnistía Internacional, y estudios recientes de organismos como Human Rights Watchs o la Coordinación Colombia Europa de ONGs defensoras de los derechos humanos, lo ratifican.
No es para menos, pues defender los derechos humanos en Colombia conlleva un grave riesgo para la vida. Son muchos los activistas en esta materia que han sido asesinados y desaparecidos, y no sabemos aún, cuántos han tomado otras opciones o han abandonado el país como única alternativa para salvar sus vidas.
Vivimos un intenso conflicto social y armado que tiende a la polarización y a degradarse, dadas las complejas circunstancias en que se desarrolla. Podemos enumerar algunas razones que le empujan en ese sentido:
La inmensa corrupción en que se debate el régimen; el desesperante aumento de la pobreza entre las gentes del común (clase media y estratos populares - Más de 25 millones de pobres de los cuales casi 11 millones viven en la miseria total); el desempleo que hace metástasis en todos los rincones del país con las cifras más elevadas de América Latina - 21%; la injusta distribución de las riquezas entre ellas la tierra (Colombia es uno de los lugares del planeta donde la tierra está más concentrada en pocas manos - el 1.5% de los propietarios ostentan la propiedad del 80% del área útil para explotación agropecuaria, constituyéndose en una de las razones de fondo para que se hayan desplazado violentamente a más de 2 millones de colombianos de sus tierras, situación levemente superada por los desterrados en suma, que han dejado conflictos en Ruanda, Burundi, El Zaire, la antigua Yugoslavia e Irak.
Se suma a lo anterior el desconocimiento y negación en todo sentido de las minorías étnicas; la exclusión bipartidista fortalecida desde el llamado Frente Nacional que se reedita cíclicamente; el exterminio de las terceras fuerzas políticas mediante la cooptación en algunos casos, la coacción y el crimen en otros - no olvidemos que la Unión Patriótica fue reducida a base de asesinatos políticos hasta prácticamente hacerla desaparecer.
En el último periodo hemos visto como se desborda y se degrada el conflicto social. Delitos de lesa humanidad como el secuestro y la desaparición forzada aumentan escandalosamente. Los asaltos y los robos han alcanzado límites desconocidos. El enfrentamiento armado se intensifica, pese a los intentos de poner en firme el proceso de paz. Las matanzas de humildes labriegos en su inmensa mayoría señalados injustamente de complicidad con la insurgencia, aumentan. Que no decir de los paros y las huelgas que prácticamente paralizan el país.
Para cambiar el panorama se necesita reconducir el futuro de Colombia por el sendero de los derechos humanos, trascendiendo la firma de tratados y promulgación de leyes inocuas. La difícil situación en materia de derechos humanos debe tener explicación, para lograr entenderle y así buscar alternativas.
En ese sentido van las siguientes tres consideraciones:
1. Nuestro grave conflicto social y armado tiene profundas raíces en la sistemática violación de los derechos humanos a lo largo de nuestra historia.
Esta es una situación de la que no está libre de culpa el sistema capitalista y sus tradicionales representantes. Por algo, los derechos humanos constituyen en nuestra época la utopía de la democracia contemporánea.
Las desigualdades no son un mal endémico de Colombia; lo es del sistema político y económico que predomina en el mundo. La civilización occidental en su actual fase de capitalismo mundializado, incorpora en forma contradictoria a su discurso hegemónico, la importancia de los derechos humanos como instrumento necesario para alcanzar la paz, mientras en la práctica niega de plano esos mismos derechos.
Ejemplos sobran: según la FAO, nunca antes se produjeron tantos alimentos en el mundo, como nunca antes hay tanta hambre. La ciencia ha avanzado hasta alcanzar los satélites, los proyectiles intercontinentales, las bombas de destrucción masiva y los aparatos más sofisticados en la informática, a la par, miles y miles de niños del Africa Negra o de los suburbios en América Latina, mueren por falta de vacunas, o en el peor de los casos carcomidos por las moscas, el olvido y el hambre.
Colombia ha asimilado como buen alumno esta dinámica del capital, solo que bajo un lenguaje aparentemente democrático y sustentado en los valores institucionales. Los datos y referencias que ya hemos expuesto señalan cual es nuestra situación social y política. Lo grave del caso es que no se rompe ningún esquema por el hecho de ser el país líder en las violaciones a los derechos humanos en el hemisferio, y a su vez ser el tercer receptor de ayuda militar en el planeta y segundo en el hemisferio occidental, lo que conduce a que la fortaleza de nuestro Estado no sea precisamente social, sino típicamente militar y represiva.
2. Sufrimos en nuestros días, una convergencia no declarada entre capitalismo neoliberal y democracia representativa (en Colombia entiéndase partidocracia bipartidista). En estas condiciones no son posibles ni viables los derechos humanos, luego entonces, no es coherente un compromiso con la defensa de los derechos humanos, sin que a la vez se asuma una actitud de oposición y lucha contra el sistema.
La globalización edifica fronteras invisibles pero infranqueables entre los seres humanos. Mientras el capital transnacional recorre sin fronteras ni impedimento alguno las esquinas del planeta, los habitantes del sur o del mal llamado tercer mundo son ciudadanos excluidos; cayó el muro de Berlín y se construyeron muros invisibles en el estrecho de Gibraltar, en la frontera México - EE.UU. y al interior mismo de los países y ciudades.
El sistema capitalista aliena e impone en la humanidad un modo de supervivencia que eleva el valor del dinero en forma casi grotesca como a un Dios, mercantiliza la felicidad, envenena el aire y el agua en nombre del progreso, destroza las culturas y las niega, e interviene militarmente donde se le da la gana, para someter en nombre de la democracia y la libertad a los pueblos del mundo.
Un sistema cuya nación hegemónica los EE.UU., plantea la solución a problemas sociales, económicos y culturales a partir del uso de las armas. En Colombia el caso concreto son los cultivos de subsistencia campesina llamados ilícitos, tema en el que poco o nada se contempla el problema del consumo gringo y la producción de insumos químicos. Se descarga el peso de la problemática en los labriegos colombianos, sin mencionar el desastre de la economía campesina luego de la apertura económica y la importación de alimentos, situación que condujo por necesidad a miles de empobrecidos campesinos, a la siembra de coca y amapola como una forma de sobrevivencia.
Nuestra realidad contrasta con la aparente preocupación por la democracia y la estabilidad de América Latina expresada por Estados Unidos. El verdadero propósito norteamericano es escalar la guerra contrainsurgente, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Con este sofisma de distracción, se elude el problema social en el que están ampliamente implicados los gringos, velando el propósito de fondo, que consiste en preservar un régimen favorable a sus intereses geopolíticos y estratégicos en el Continente. Mientras tanto, el fenómeno del narcotráfico profundiza las raíces en el sistema capitalista, y especialmente en la sociedad norteamericana.
3. Para afrontar el desafío que nos impone la globalización del capital, es necesario entender que hoy estamos frente a uno de los más fecundos momentos para luchar por la vigencia y cumplimiento, de unos derechos humanos multiculturales e indivisibles.
La evolución de la legislación internacional en materia de derechos humanos, afirma Pierre Sané de Amnistía Internacional, ha estado marcada por una separación, tan artificial como engañosa, entre derechos civiles y políticos, por una parte, y derechos económicos, sociales y culturales, por otra.
Es inocultable que los derechos económicos, sociales y culturales han registrado una atención menor por parte de Naciones Unidas y sus órganos constitutivos. Las normas adoptadas en este terreno, lo mismo que los mecanismos destinados a hacer que se aplicaran no se han desarrollado, y se han convertido en un simple deber ser. Por eso en Colombia, se le presta mayor atención, al menos en el papel, a las violaciones relacionadas con el derecho a la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos. ¿Y donde quedan los demás derechos, cuya violación es la verdadera causante de nuestro conflicto social y armado?.
El desempleo, la vivienda digna, la pobreza extrema, los exiguos espacios de participación política, la violencia tradicional y el crimen político como instrumento de perpetuación en el poder de la clase dominante etc., son invisibles?.
Es preciso trabajar por que no se diluya la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos, en tanto que es indelegable. Es necesario luchar por unos derechos humanos multiculturales, porque este país es de regiones y de etnias, cuya composición y cosmovisión exige una mirada amplia e incluyente.
Debemos exigir un respeto integral, porque los derechos humanos son indivisibles, en tanto los derechos económicos, sociales y culturales, como los civiles y políticos, han sido históricamente negados, causa innegable de la injusticia social que estimula nuestro conflicto político armado.
Es nuestra obligación como seres humanos sensibles, soñar y luchar incansablemente por construir una nueva sociedad. Renovar nuestro compromiso por la defensa de los derechos humanos indivisibles, es uno de los caminos, evitando caer en la habilidosa trampa del sistema y sus tácticas asistenciales proclives a la inmovilización. Nuestro compromiso se sitúa y se fundamenta en el respeto universal por el ser humano y del planeta mágico en que vivimos.

1 comentario:

Unknown dijo...

Buenos días Compañeros,

Son muy buenos los aportes que cada uno de ustedes han publicado en este espacio, para este tema quiero hacer claridad que la problematica de la población en Colombia nace desde el mismo desconocimiento que existe respecto a los diferentes organos de control a nivel Nacional e Internacional.

Donde es el mismo Estado quién se encarga de vulnerar los derechos de sus habitantes, un hecho muy notorio es el desconocimento de cada una de las declariones de DERECHOS HUMANOS; para ese punto les comparto especialmente la declaración de los derechos del niño, pues considero que son el pilar de toda sociedad que busca la resignificación de la raza humana.

Por medio de la convención de los Derechos del Niño, adoptada por la asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, muchos países del mundo reconocieron que “la infancia es el valor más preciado de cualquier sociedad”. Colombia, al ratificar dicha convención por medio de la ley Nº. 12 de 1991, adquiere la obligación de respetarla y cumplirla; y los gobiernos, el compromiso de asegurar su aplicación.

La constitución Colombiana de 1991 incluye el criterio y los principios de la protección integral con sus dos dimensiones: garantía de los derechos de los niños y las niñas y protección para aquellos que se encuentren en condiciones de mayor vulnerabilidad. Igualmente, plantea la importancia de la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia en la obligación de asistir y proteger a la niñez para asegurar su desarrollo armónico e integral en ejercicio de sus derechos. (Artículos. 13,44,45,50 y 67 C.P.C).

Este marco jurídico y legal que orienta la formulación de las políticas publicas para la niñez y la juventud, exige que las instituciones gubernamentales, de la sociedad civil en su conjunto y especialmente de los responsables directos del diseño de planes, programas y proyectos, de la asignación de recursos, de la implementación de la política y la atención directa de la infancia, un trabajo concertado y organizado alrededor de las necesidades y características de la población infantil colombiana.

La promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño se constituyo en un paso fundamental de la humanidad en la búsqueda de la equidad y la garantía de los derechos de todos los niños y niñas del mundo. La evaluación realizada sobre los avances logrados a nivel mundial y por cada país al cumplirse diez años de la misma, evidenció que a pesar del progreso en diversos campos y de la formulación de planes nacionales y legislaciones acordes con este mandato, aún se esta muy lejos de alcanzar un mundo justo para todos los niños y niñas.

A su vez la Celebración del Día de la Niñez se sustenta en la Ley 724 de 2001, que institucionalizo esta Celebración, reconociendo la importancia de consolidar desde la familia, la sociedad civil y el Estado el ejercicio lúdico de los derechos de la niñez, propiciando su desarrollo integral. Es un instrumento valioso y esencial dentro de este “paradigma” que ha permitido, a lo largo de 9 años, el desarrollo de proyectos lúdicos para los niños y las niñas en muchos municipios de Colombia.

Es importante también señalar que al invertir en la infancia de nuestro país, además de cumplir con la normatividad y la legislación internacional y nacional al respecto, estamos contribuyendo a crear las condiciones para transformar el desarrollo económico, social, cultural y político del país.

Publicado por:DIANA MARITZA JAIME