SITUACION DERECHOS HUMANOS

SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DIH, 2007

En el más reciente análisis del Observatorio de Derechos Humanos y DIH del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República, se analiza la situación del país en materia de homicidios, masacres, desplazamientos, homicidios a sectores sociales vulnerables y las desmovilizaciones individuales, entre otros indicadores, durante el último año.
El informe asegura que el año pasado se registraron 26 masacres que dejaron 128 víctimas, reflejando una reducción del 30% en el número de casos y 34% en el número víctimas registradas, comparados con 2006. El documento asegura que “sobre los presuntos responsables de las masacres y la forma como se desarrollaron los hechos, pareciera que se que se está dando un giro, en cuanto al uso de esta forma de violencia y su relación con el desarrollo de la confrontación armada”
Con respecto a los casos de homicidios registrados en el país, según el Observatorio, 888 municipios fueron afectados en el 2007 comparados con 990 en 2006, concentrándose el 50% de los casos en las principales ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Pereira. A nivel departamental y del Distrito Capital; el Valle registró 3.270 homicidios en 2007, presentándose una reducción del 6% comparado con el 2006; sin embargo, ocupa el primer lugar en el país, “situación que parece estar relacionada con la presencia de grupos armados, estructuras de delincuencia organizada y vinculada al narcotráfico, que ha provocado la disputa entre los diferentes grupos y el incremento de la violencia en la zona.”
El análisis del Observatorio también presenta cifras sobre los homicidios a sectores sociales afectados, entre ellos los sindicalistas, que reflejó una reducción del 68% comparado con los datos registrados en 2007. Por otro lado, el reporte de casos de homicidios de maestros sindicalizados y no sindicalizados, están concentrados en los departamentos de Antioquia, Cauca y Valle, situación relacionada con la presencia de grupos armados ilegales –Farc, Eln y bandas criminales emergentes-. En los departamentos de Atlántico, Córdoba y Nariño se registra una importante reducción debido a la desmovilización de los grupos de autodefensa, “además de las acciones adelantadas por la Fuerza Pública que apuntan a la recuperación del control del territorio”.
Con respecto a los actos de terrorismo, indica el informe, se registró una reducción del 40% comparado con 2006, pasando de 646 actos en 2006 a 387 en 2007.



El Espectador
Las masacres y las palabrasPor: Álvaro Camacho Guizado
dhcolombia / Sábado 29 de marzo de 2008



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En abril de 1990, una funesta alianza entre terratenientes-narcotraficantes y miembros del Ejército ejecutó una de las matanzas más escandalosas de nuestra historia reciente.


Según testigos, un mayor del Ejército y un jefe paramilitar dirigieron la tortura, desmembración y decapitación de varios habitantes de Trujillo, en el Valle del Cauca. Los hierros candentes, las mangueras de agua y las motosierras fueron los instrumentos favoritos para asesinar. Los cuerpos de las víctimas fueron arrojados al río Cauca y se amenazó de muerte a quien osara rescatarlos. Posteriormente fueron asesinados el párroco local, el padre Tiberio Fernández; una sobrina suya y un compañero. Sus cuerpos también aparecieron destrozados días después en el río.

El entonces comandante de la III Brigada, el general Manuel José Bonnett Locarno, negó de plano la responsabilidad del mayor involucrado e hizo lo posible por desacreditar al único testigo presencial, quien luego fue detenido y desaparecido en el casco urbano del municipio.

Años después, gracias a valerosas denuncias de defensores de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confrontó el caso y nombró una comisión de investigación, cuyos resultados fueron devastadores para el Estado colombiano. Tan contundente fue el informe, que el presidente Samper tuvo que reconocer la responsabilidad estatal y ordenar que se reparara e indemnizara a los deudos de las víctimas y al municipio.

Se puso en juego la palabra de la Comisión y el Presidente contra la del general, como parece estar ocurriendo hoy con la masacre de San José de Apartadó, en la que militares y paras asesinaron a miembros de la comunidad de paz e incluyeron entre las víctimas a niños menores de dos años. No es un secreto que la jerarquía militar negó las responsabilidades oficiales y llegó a acusar a las Farc de la matanza. Es más, el presidente Uribe acusó a los habitantes de San José de ser parte de las Farc. En marzo de 2007, el padre Javier Giraldo denunció ante el vicepresidente Santos nuevas amenazas de muerte contra los pobladores. Respuesta: silencio.

Ahora se puso en juego la palabra del Presidente y los altos mandos militares de ese entonces contra la de la Fiscalía, que acaba de llamar a juicio a 17 militares y acusarlos de complicidad con los paras en la matanza. Falta ver quién triunfará esta vez: la justicia colombiana se la tiene que jugar, porque de lo contrario la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional intervendrán y, como en el caso de Trujillo, no será de extrañar que el Estado sea condenado. Sólo que esta vez no ha sido solamente la palabra de un general, sino la de otro presidente, contra la de la Fiscalía.

Según El Tiempo, el general Padilla de León ha manifestado que “Nosotros, como Fuerzas Militares, siempre hemos tenido la mejor voluntad de colaborar con la justicia, es nuestro propósito que esto se aclare y que ante todo brille la justicia, que esto tenga un proceso rápido, justo y que llegue a determinaciones concretas”.

El general dice una verdad a medias: esa afirmación de que “siempre hemos tenido la mejor voluntad…” se contradice con la actitud militar en el caso de Trujillo. Y se contradice con el silencio que se ha mantenido en relación con los hechos. Ha sido necesaria la acción de la Fiscalía para que se reconociera algo que era dese hace tiempos de conocimiento general. Ojalá esta vez sí sea cierta la posición y se le explique a la opinión pública cómo es posible que un suboficial vinculado a la masacre haya sido premiado con un paseo al Sinaí.

Otrosí: si los paras de Itagüí apoyaron la marcha de febrero, ¿eso quiere decir que fueron convocantes de la misma? Es la lógica que usa el asesor doctrinario de la Presidencia para desacreditar la de marzo, al decir que porque las Farc la apoyaron, fueron sus convocantes. Afirma esto a pesar de las reiteradas negaciones de los organizadores, quienes hicieron explícito su repudio a ese apoyo fariano.